Bogotá, 12 de febrero de 2021

Por: Diego Cortés Valencia | @DiegoCortesV

El 10 de febrero el Ministerio de Hacienda dio la noticia que desde hace varios meses venían mencionando en distintos eventos: Una nueva reforma tributaria en 2021. La propuesta de Carrasquilla y Duque se centra en cargar el gasto de la pandemia sobre los hombros de las familias de menores ingresos e ingresos medios través del IVA a la canasta básica e impuestos a las pensiones.

A pesar de que es el Ministerio el que se encargará de cabildear esta reforma, su procedencia real es la “Comisión de Expertos” que el Gobierno Nacional encargó para elaborar esta propuesta, cuya secretaría técnica está a cargo de la OCDE. Aunque el documento no se conoce aún, la regresividad de la reforma salta a la vista por lo anunciado por el Viceministro, con un aumento en impuestos indirectos, que golpea el consumo y no permite la reactivación económica que necesita Colombia, afectando tantos a las y los trabajadores como a los pequeños y medianos empresarios.

A pesar de que Colombia aún no sale de la crisis económica, el Gobierno alista esta reforma para lograr un propósito específico, reducir el déficit fiscal y cumplir así las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Para octubre de 2020, Daniel Munevar [1] ya denunciaba las fuertes medidas de austeridad que impuso el FMI a Colombia por el crédito flexible que amplió y desembolsó al país en medio de la crisis. El documento del FMI que explica el crédito para Colombia centra su justificación en las “solidas” políticas macroeconómicas del país, que son el conocido recetario neoliberal: libre movilidad de capitales, tasas de cambio flexibles, inflación objetivo y regla fiscal. En diciembre, el FMI desembolsó $5.300 millones de dólares por el FMI y el Ministerio de Hacienda informó que al 29 de enero de 2021 ya se utilizaron cerca de $2.300 millones de dólares (más del 40% del crédito).

Como el país tuvo que suspender la regla fiscal por dos años para cubrir los gastos de la pandemia, el déficit fiscal llegó a ser de 8,2% en 2020. Sin embargo, el país se comprometió a reducir el déficit en casi 5% del PIB para 2022, equivalente a cerca de 50 billones de pesos. La fórmula del FMI para lograr esta hazaña de austeridad es recortar el gasto público en derechos sociales y aumentando impuestos indirectos, en proporciones que Munevar compara con recursos que superan el presupuesto anual para salud o educación en el país.

El FMI confía en el cumplimiento de estos compromisos por el obediente acatamiento de Colombia a sus políticas durante 3 décadas. La OCDE lidera aquella Comisión de donde saldrá la propuesta de reforma tributaria y el presidente Duque acaba de posesionar como director de la DIAN a Lisandro Junco Riveira, quien fue delegado de Colombia ante esta la OCDE. Un cambio para garantizar la política tributaria al tamaño de las necesidades del capital financiero y los tenedores de deuda colombiana.

2021 se avizora como un año de gran lucha social. Lo que se juega este año es sobre quién recaerá la recuperación económica del país, sobre las familias más golpeadas por la pandemia y los pequeños y medianos empresarios quebrados, o sobre los grandes capitales que se enriquecieron aún en medio de la peor crisis económica en décadas del país. El Gobierno Duque tomó bando con estos últimos en su propuesta de reforma tributaria. Por eso, la mayoría de los colombianos y las colombianas debemos unirnos en movilización democrática y pacífica para detener esta reforma.

[1]. http://www.cadtm.org/El-FMI-ha-llegado-para-quedarse-en-Colombia-austeridad-post-Covid-19

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