Más plata sí, pero y de su ejecución qué

Juan Manuel Ospina

29 de agosto de 2022

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La política tributaria y el plan de desarrollo desnudan las intenciones y el alma de los gobiernos; ya empezamos a vislumbrar las de Petro, con sus claroscuros. A nadie le gusta pagar impuestos y se olvida que estos tienen una relación directa con nuestras vidas, gracias a la otra cara de la realidad fiscal, el gasto público en que se invertirá la plata que el Estado nos cobra, que es determinado en el plan de desarrollo y en el presupuesto. En sana lógica democrática se debería conocer la política completa: que debo pagar y que harán, que haremos, con la plata que el Estado recibe. Esa visión comprensiva no se logró por el afán del apuro fiscal actual y lo frágil de la coalición de gobierno que obliga a andar a toda. Conocer la política fiscal en sus dos componentes de ingresos y gastos es necesaria para contrarrestar una de las razones o disculpas invocadas reiteradamente para no pagar impuestos, que insiste en que son robados o despilfarrados en proyectos innecesarios para la sociedad y las comunidades, pero electoralmente rentables. Un tema crucial que «pasa desapercibido» en el proyecto tributario.

Alarmante que según el ministro Ocampo, la plata que los contribuyentes le birlan al Estado con argucias legales (elusión) o descarada evasión, alcanza la pasmosa cifra de entre sesenta y ochenta billones de pesos anuales – ¡y con esta primera reforma el gobierno espera recaudar veinticinco billones! – En este punto el proyecto es, lo reiteramos y por decir lo menos, insuficiente, tímido, tal vez porque el gobierno sabe que sus mayorías espurias en el Congreso no lo acompañarían en este punto crítico. Hasta ahora está claro que el tema del cáncer social de la corrupción aún no entra en las prioridades de la agenda del gobierno; parece que se extravió en los enredos y componendas de la campaña. El Congreso estará encantado de votar nuevos recursos y mínimos controles.

Un punto fundamental de la reforma que responde a un compromiso de la campaña y a dictados de la sana lógica tributaria, es la simplificación y clarificación del estatuto tributario que permita cerrarle puertas a la malicia de los contribuyentes, especialmente de los más pudientes, que se refugia y aprovecha el inciso para no pagar. Con el contribuyente declarando un solo ingreso agrupado en su renta líquida gravable a la cual se le aplica una única tabla de impuestos se simplifica el proceso tributario, que en buena medida a lo largo de los años lo fueron enredando para favorecer ciertos intereses y hacerle el quite a la DIAN. A mayor transparencia, menor elusión, falta la penalización drástica del delito de la evasión fiscal. Para rematar el punto, el proyecto reduce al máximo las exenciones y deducciones, muchas de ellas con destinatario propio, que dieron pie a una situación donde en las altas escalas de ingresos, las declaraciones eran prácticamente personalizadas, sobremedida.

El impuesto al patrimonio con valor superior a 2,376 millones se hace permanente, en consonancia además con cambios en ese sentido ocurridos en diferentes países. Se exceptúa la casa de habitación y se incluyen los bienes poseídos en el exterior y los poseídos por extranjeros en el país. Se revive el viejo debate de la doble tributación de las utilidades de las empresas, en cabeza de ellas y como dividendos, en las declaraciones de los socios. Además, pagarían impuesto de patrimonio las participaciones en sociedades, de acuerdo con el valor fiscal de su patrimonio líquido, así como en las zonas francas que no operen prioritariamente para la exportación, que es su razón de ser, y en los nuevos proyectos hoteleros y en las empresas de economía digital. El impuesto a las ganancias ocasionales por herencias, donaciones o enajenación de activos sería del 30%, una cifra que merece ser revisada Se mantendrían beneficios tributarios solo para inversiones en educación, salud y medio ambiente.

El espíritu de estas medidas parece ir en la dirección correcta pero de manera incompleta, al no medírsele en forma al meollo del asunto, como lo hizo al garantizar la progresividad tributaria, donde se avanzó, con el control efectivo del recaudo -que paguen quienes deban pagar según su capacidad- y que esos recursos le lleguen y se apliquen a donde deben llegar, a donde y para lo que las comunidades y la capacidad de generar y distribuir riqueza lo demanden. Es un primer paso que debe ser completado, pero el comienzo permite conservar la esperanza de que se consoliden los cambios que hace años los colombianos reclamamos.

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