Triple A: altas tarifas y las que vendrán

Norman Alarcón Rodas.

6 de julio de 2022

Es importante analizar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 que dio a conocer la empresa Triple A hace pocos meses, como lo venimos haciendo desde hace varios años, con el fin de tener una visión oficial de los resultados de la “joya de la corona” que presta los servicios de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 14 municipios más del departamento del Atlántico, a más de dos millones y medio de habitantes.

Es innegable que los servicios que presta esta empresa de carácter mixto, pública y privada, gozan de importantes estándares de calidad, que se han visto desmejorados en los últimos años. Las inversiones en infraestructura tuvieron un duro bajón del 40%, al pasar de $156.731 millones en 2020 a $93.272 en 2021. El 25% de las tuberías tienen más de 30 años, muchas de ellas revestidas con asbesto, material prohibido en Colombia. En cuanto a las estaciones de depuración de aguas residuales, la más importante, la del barrio El Pueblo, solo tiene una capacidad de 25%, la misma que en 2020. Son las aguas servidas del occidente de Barranquilla, que se descargan directamente a la ciénaga de Mallorquín, donde se adelanta el megaproyecto del Ecoparque sin solucionar este grave problema de contaminación ni remediar el colapso del alcantarillado del corregimiento La Playa, que también vierte aguas sin tratamiento a Mallorquín.

Incluso la calidad del agua en el 2021 dejó mucho que desear por eventos como un accidente en la dársena del río Magdalena, donde se captan las aguas del gran río, y la coloración del líquido vital, que indicaban problemas de calidad. Al decir del ingeniero Osvaldo Castillo, presidente del gremio de ingenieros químicos en Atlántico, dichas aguas llegaron a tener un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) superior al 5%, que las hacía impotables. Las pérdidas de agua no contabilizadas por encima del 50%, las mismas de hace varios años, son de las más altas del país y dejan mucho que desear, lo que se trata de minimizar con el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) de 16,96 metros cúbicos, que no da a conocer toda el agua no contabilizada.

Es menester hacer públicos los resultados económicos favorables en el ejercicio de 2021. Los aumentos en las utilidades de 94.000 millones a más de 125.000 millones, en el ebitda de 18% (beneficios brutos descontando los pagos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), en los ingresos del 17%, pago de dividendos por $38.000 millones (parte al distrito de Barranquilla); incremento de ventas netas del 16.6% y de la utilidad operacional del 13.4%. Deja muchas dudas el porcentaje del recaudo del 79%. El total de la facturación fue de $801.467 millones, pero el total del recaudo solo ascendió a $613.241 millones, lo que refleja las dificultades económicas de la población.

Pero la situación más delicada está relacionada, por un lado, con una de las más altas tarifas de agua del país, pasando el consumo básico residencial en enero de 2021 de $2.785,44 el metro cúbico a $3.551 en mayo de 2022, un aumento del 27,5%, que significa un 500% sobre la inflación de 2021, que fue de 5,62%. Esta situación se explica por la aplicación en la Triple A del llamado Mercado Regional Tarifario, aprobado por la Corporación de Regulación de Agua, CRA, que, según este informe oficial de la empresa, “permite calcular un único costo de referencia para todos los municipios que lo integran, garantizando la sostenibilidad de la operación y, por ende, la suficiencia financiera de la empresa, a través de la recuperación de los costos en que se incurre para la prestación”. La empresa continuará con este tipo de cálculos de “mercado regional tarifario”, el primero que se aplica en el país, por lo que vendrán alzas aún más exorbitantes si la población no toma cartas en el asunto.

No podríamos finalizar estas líneas sin comentar la última “jugadita” del presidente Iván Duque, al anunciar un pretendido regreso de las acciones de la Triple A al distrito de Barranquilla, cuando lo que hizo en diciembre pasado fue negociar con la APP Alumbrado Público, empresa mixta, para entregarles el 30% de las acciones a dos potentados de alto coturno, pagadero el 50% con utilidades futuras de la Triple A. Podría entonces volver a suceder lo de 1996, cuando el distrito fue despojado de la mayoría accionaria a través de capitalizaciones de los privados, que eran minoritarios. Los atlanticenses debemos aspirar a tener una Triple A pujante y de carácter público que revierta sus altas utilidades a toda la población, para que se reparen con elevadas indemnizaciones los despojos inauditos sucedidos en tantos años.

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